El análisis sobre el Estado de Derecho fue objeto de una mesa debate en el Club de Encuentro Manuel Broseta el pasado 22 de mayo. En esta ocasión, los componentes de la mesa fueron Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y Fernando Jiménez, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Ambos codirectores del Primer Informe de Medición del Estado de Derecho sobre el que se basó la reflexión de la actividad. Los encargados de moderar la actividad fueron Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho y Salvador Vives, vicepresidente del Club de Encuentro.
Para introducir la mesa debate y dar la bienvenida a los presentes, la presidenta del Club, Amparo Maties, quiso señalar que la “nosotros como parte de la sociedad civil creemos que es importante que se considere a la SC como uno de los actores fundamentales en la defensa del Estado de Derecho, pero debemos de analizar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades”. A lo que añadió el vicepresidente que nuestro Club comparte el mismo espíritu que la Fundación Hay Derecho, ambas entidades de sociedad civil, “la Independencia y ser modestos, o mejor dicho ser independientes a costa de ser modestos”.
El informe sobre el que se debatió parte de La Fundación Hay Derecho, una entidad cuyo fin es vigilar, promover e intentar aumentar la calidad del Estado de Derecho en España. Su filosofía se basa en “tender puentes” y cultivar que las reglas del juego funcionen bien, sea quien sea quien esté en el poder. Desde ese punto pivota toda la actividad de la Fundación y también el informe sobre el Estado de Derecho.
Un informe que consta de 6 bloques, -poder legislativo, poder judicial, fiscalía del Estado, Derechos Humanos y contrapesos institucionales, transparencia y lucha contra la corrupción- y cuyo fin es servir a la sociedad civil y a quienes tienen que tomar las decisiones. Otra de las cuestiones que pretende es ofrecer una medición lo más cuantificada posible, basándose en fuentes oficiales, fuentes propias y herramientas de Inteligencia Artificial, entre otras.
Según Safira Cantos, se hacía necesario analizar el Estado de Derecho en España, “por el deterioro del Estado de Derecho en los últimos años, no tiene que ver solo con la última legislatura, pero es de largo plazo”. “La sociedad civil tiene una obligación de generar un debate sosegado, tranquilo y apartarse de la lógica partidista. Hemos hecho un informe con datos muy contrastados, algunos de creación propia y otra de datos oficiales. Se trata de tener datos para generar un debate de país”.
“Si no tenemos una presión social desde la SC organizada hacia los partidos, ellos no se van a enfrentar a los problemas que les planteamos. Tenemos que generar cambios que limiten la capacidad de actuación de los partidos. Y en ese sentido, desde la Fundación estamos preocupados por algunos frenos que están un poco averiados de nuestro país” añadió Cantos antes de pasar la palabra al profesor Jiménez, encargado de introducir los datos más destacados del informe.
“Estamos perdiendo calidad regulatoria, en 2002 España estaba en una posición con el percentil 88,75, lo que significa que solo había un 11% de países que tenía una mejor calidad normativa que España. En 2021, hemos bajado a la posición 74 del percentil, lo que quiere decir que ahora ya hay un 25% de los países por delante nuestro en calidad regulatoria”, justificaba Fernando Jiménez con los datos del informe.
A pesar de esto, Fernando Jiménez quiso poner de relieve que “aunque hay un problema de deterioro institucional, no sería justo decir que vivimos en un Estado de Derecho de los peores del mundo. Estamos entre el 20% de países con más calidad de Gobierno del mundo. Aunque tengamos problemas, no nos parecemos en absoluto a países como Centroamérica”. También dejó claro que este informe no pretende meter en política o sancionar a un partido o a otro, sino que está al margen. “Este no es un problema de partidos políticos, sino un problema de país.”
Por su parte, la codirectora del informe realizó un repaso por el esquema del informe, cuyo análisis se ha centrado en seis bloques, poniendo de relieve las cuestiones con mayores desequilibrios. Además, antes de empezar, Elisa de la Nuez destacó que llevamos varias legislaturas muy tensionadas por diferentes acontecimientos como puede ser el Procés, gobiernos de coalición que dificultan los acuerdos transversales o la crisis de la COVID.
En cuanto al poder legislativo, del informe se desprende que hemos perdido calidad regulatoria y empeorando el papel del poder legislativo, debido, fundamentalmente al abuso de la forma de decretos ley. Esto se justifica, en parte, por el periodo de Estado de Alarma, pero se puede ver que fuera de ese periodo también se observa una tendencia de aumento de este instrumento. En Les Corts valencianas pasa algo muy parecido, es una tendencia general.
Otro de los problemas que destaca el informe es la falta de independencia de la fiscalía general del Estado, que siempre lo ha habido, pero se pronuncia con el paso de una ministra al cargo de fiscal general del Estado, o como casos llamativos de fiscales que han tenido problemas graves en la fiscalía derivados de la enorme discrecionalidad que tiene para nombrar y cesar fiscales que le resulten molesto.
Con respecto al poder judicial está el gran problema del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que está impactando en los ciudadanos y en los procedimientos. Además, están subiendo las medias de duración de los procesos en todas las salas del Tribunal Supremo, fundamentalmente por la falta de magistrados.
Según el informe, hay carencia de jueces y fiscales, y existe una mayor judicialización. Además, existe un problema de la eficiencia en el gasto. “No gastamos lo suficientemente bien en justicia” afirmó de la Nuez.
Otro de los puntos críticos que pone al descubierto el informe son las puertas giratorias entre la política y los jueces, que existe una transferencia de un lado hacia otro, y esto es algo que no se da en la UE. Lo mismo sucede con los indultos, una creciente controversia sobre su concesión, en contra de lo que dice el tribunal sentenciador y el ministerio fiscal porque entonces aparece el concepto de una posible oportunidad política.
El informe también aborda los contrapesos institucionales, dado que tiene que haber límites al poder. En ese sentido, la ponente destacó la crisis del tribunal constitucional, en la que se ha dado un ejemplo muy claro de la politización del Consejo General del Poder Judicial y del tribunal constitucional, que estaba haciendo que esas instituciones no estuvieran funcionando adecuadamente.
Por último, Elisa de la Nuez hizo un repaso del funcionamiento de las administraciones y destacó el papel importante de los órganos de transparencia, especialmente, la agencia de transparencia valenciana, de la que destacó su gran labor.
Como conclusión de este informe se avisa de que tenemos un deterioro estructural muy agudizado que viene de lejos y que según explicaron los participantes de la mesa, no se trata de un problema para que se use de manera partidista, sino que son las reglas del juego para todas y todos, “Estamos viendo algo muy parecido gobierne quien gobierne en las autonomías. Tenemos un problema del estado de derecho, y es un problema también de independencia, profesionalidad”.